La policía ha identificado 28 casos en los que los recién nacidos fueron separados de sus madres y vendidos a familias en la península de España que no podían tener hijos por 1,200 hasta 6,000 euros (1,600 a 8,000 dólares), dijo la policía en un comunicado.
En Melilla, un territorio español bordeando a Marruecos, la red le pagaba a las madres de los recién nacidos o maliciosamente las convencía a renunciar a ellos con la promesa de que el niño "tenga una vida mejor en España".
"En Marruecos la red tenía contactos con los trabajadores de salud y empleados del hospital en Oujda y Nador, que facilitaban la entrega y transporte de los recién nacidos de Melilla," dijo el comunicado de la policía, en referencia a los lugares en Marruecos cerca de la frontera del territorio.
Los miembros de la red entregaban a los bebés a las familias en Melilla junto con documentos falsos que los certificaba a ellos como los padres biológicos de los recién nacidos.
La policía identificó a 31 personas que ellos sospechan que estuvieron involucrados en el tráfico de bebés, entre ellos tres trabajadores de la salud y dos monjas.
Doce sospechosos han muerto y el resto no has sido detenidos por el momento, ya que son muy viejos o están en mal estado de salud.
Esto es absurdo, sin embargo, ya que un criminal es un criminal independientemente cual sea su edad, pertenecen en la CÁRCEL.
Los sospechosos están acusados de diversos delitos como la falsificación de documentos, detención ilegal y crear declaraciones de nacimiento falsos, informó la policía.
La red cobraba un precio más alto por la niñas recién nacidas, porque había una mayor demanda por hijas.
El caso es un nuevo giro en el escándalo llamado "bebés robados" de España que estalló a finales de 2010.
Las presuntas víctimas dicen que una red secreta de médicos y monjas robó los recién nacidos y los vendían para adopción, comenzó a partir de la de los años 1939 y 1975 bajo la dictadura del general Francisco Franco y continuando hasta la década de los 1980.
Algunos 1,500 casos judiciales se han presentado ante los fiscales por la gente con la esperanza de localizar a sus familiares perdidos, pero los jueces han dejado al lado muchos casos sobre la base de que los hechos se cometieron hace mucho tiempo.
La policía abrió su investigación sobre la red de Marriecos y Melilla en noviembre de 2011 tras la denuncia de Anadir, una asociación creada para representar a las víctimas del escándalo.